Meta pagará hasta US$18.000 millones y limitará el uso de Instagram y Facebook para adolescentes

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El acuerdo con estados de EE. UU. incluye límites de tiempo, restricciones nocturnas y mayores controles de edad.

Meta acaba de recibir uno de los golpes más fuertes contra su modelo de redes sociales.

La compañía acordó pagar hasta US$18.000 millones durante los próximos diez años para resolver demandas presentadas por casi todos los estados de Estados Unidos, que acusaban a Facebook e Instagram de haber sido diseñados para generar comportamientos adictivos entre los menores.

Pero el dinero no es lo más importante de este acuerdo.

El verdadero cambio está en cómo podrán utilizar las redes sociales los adolescentes.

Entre las medidas pactadas aparece un límite predeterminado de dos horas diarias de uso, además de restricciones entre la medianoche y las 6:00 de la mañana, salvo autorización de los padres. También habrá modificaciones en las notificaciones durante el horario escolar y mayores mecanismos para comprobar la edad de los usuarios.

El acuerdo establece US$12.700 millones garantizados y hasta otros US$5.000 millones condicionados a determinados cambios de la industria. Meta, además, no reconoce haber cometido las conductas que le atribuían las demandas.

El impacto podría ir mucho más allá de Instagram y Facebook.

El acuerdo puede convertirse en un precedente para otras plataformas como TikTok, Snapchat y YouTube, especialmente porque el debate ya está pasando de la responsabilidad individual de los usuarios a la responsabilidad de las propias plataformas sobre sus sistemas de recomendación y mecanismos de interacción.

La discusión incluso comenzó a cruzar fronteras. En Corea del Sur, la Comisión de Comunicaciones y Medios pidió que las nuevas medidas de protección juvenil de Meta se apliquen globalmente.

Para Meta, entonces, el problema ya no es solamente cuánto tendrá que pagar.

La pregunta es mucho más grande:

¿Cuánto tendrá que cambiar el negocio de las redes sociales para seguir creciendo sin convertir a los menores en el centro de una nueva batalla regulatoria?

Y esa discusión apenas comienza.