Un terremoto no termina cuando deja de moverse la tierra.
Después comienza una segunda etapa mucho más larga: reconstruir viviendas, escuelas, hospitales, vías, servicios públicos, infraestructura productiva y, en algunos territorios, recuperar la posibilidad de volver a vivir y trabajar con normalidad. Y aparece una pregunta que casi siempre termina siendo más difícil que levantar una pared:
¿De dónde va a salir todo ese dinero?
El Gobierno creó el Fondo Milagro, un mecanismo destinado a canalizar recursos para atender la crisis, recuperar los territorios afectados, reconstruir infraestructura, apoyar la reactivación económica y reducir riesgos futuros.
La clave está en entender que el Fondo no depende necesariamente de una sola fuente.
El mecanismo contempla diferentes posibilidades de financiación, entre ellas recursos del Presupuesto General de la Nación, donaciones, cooperación nacional e internacional, operaciones de crédito y aportes de entidades territoriales y del sector privado. También puede recibir determinados bienes destinados a cumplir sus objetivos. Esto significa algo importante Una cifra estimada de cuánto podría costar la reconstrucción no equivale automáticamente al dinero que ya existe en una cuenta disponible para gastar.
Esa diferencia es fundamental, si una evaluación calcula que reconstruir todo lo afectado podría costar decenas de billones de pesos, esa cifra representa una necesidad estimada. El verdadero desafío financiero consiste en conseguir, organizar y ejecutar los recursos necesarios. Y ahí aparece otro asunto todavía más importante ¿quién vigila ese dinero?
El modelo anunciado contempla mecanismos de administración, seguimiento, trazabilidad y control para que los recursos lleguen a los destinatarios y puedan ser auditados. Porque reconstruir no consiste simplemente en conseguir dinero.
También significa decidir qué se reconstruye primero, quién recibe los recursos, cuánto cuesta cada proyecto, quién ejecuta las obras y cómo se evita que una emergencia termine convirtiéndose en una oportunidad para el despilfarro.
La reconstrucción será, por tanto, una prueba no solamente de capacidad financiera, sino también de capacidad institucional.
Colombia necesitará recursos.
Pero necesitará algo más difícil de conseguir, que cada peso destinado a reconstruir pueda ser explicado.