El precandidato presidencial Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima este martes de un atentado armado mientras transitaba en su vehículo por el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, al sur de Lima. La agresión marca un arranque violento de la campaña electoral rumbo a las elecciones nacionales de 2026.
Según reportes oficiales, sujetos desconocidos dispararon contra la camioneta en la que se desplazaba Belaunde; el parabrisas recibió al menos tres impactos de bala, aunque fuentes policiales preliminares hablan de hasta cuatro balas. Afortunadamente, el aspirante resultó ileso, aunque presenta lesiones menores atribuibles a fragmentos de vidrio.
El atentado se habría perpetrado desde una motocicleta, según versiones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Las circunstancias exactas del ataque aún son materia de investigación, y por el momento no se reportan amenazas ni demandas de extorsión que expliquen el hecho.
La noticia ha generado conmoción e indignación en distintos sectores. El ex primer ministro y dirigente de Libertad Popular, Pedro Cateriano, calificó el incidente como “un mal inicio de la campaña” y exigió una investigación inmediata para identificar a los responsables. Por su parte, autoridades políticas y de seguridad pidieron garantías para los candidatos y un mayor control del orden público, en un contexto electoral ya tensionado.
Desde el gobierno nacional, se confirmó que la administración encabezada por José Jerí reforzará las medidas de seguridad en zonas vulnerables y convocará al gabinete de Interior para evaluar la situación tras el ataque.
El atentado contra Belaunde también reaviva los debates sobre la violencia política, la seguridad ciudadana y la necesidad urgente de proteger a los aspirantes democráticos. Con solo meses antes de los comicios, este suceso genera alarma en la ciudadanía y pone bajo presión al sistema de seguridad electoral.
Mientras la investigación avanza y la PNP activa protocolos de búsqueda, Belaunde Llosa continúa bajo resguardo, y su partido exige que el caso no quede impune. Este episodio podría marcar un antes y un después en la forma en que se protege la integridad de los actores políticos en Perú.
