Autoridades regionales alertan que el recorte presupuestal pone en riesgo un proyecto clave para la seguridad ambiental, social y económica del Caribe colombiano.
La Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe), en representación de las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, expresó su profunda preocupación ante el recorte presupuestal aplicado al megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, una obra considerada estratégica para la seguridad hídrica, ambiental y social del Caribe colombiano.
El proyecto, cuya inversión total asciende a 3,1 billones de pesos, es catalogado como el más ambicioso del país en materia de infraestructura ambiental. Su ejecución busca prevenir emergencias como la registrada en 2010, cuando una grave inundación dejó más de 100 mil personas damnificadas, además de restaurar ecosistemas degradados y fortalecer la conectividad fluvial y portuaria de la región.
Según la RAP Caribe, la decisión del Ministerio de Hacienda de recortar 637 mil millones de pesos, equivalentes al 83,6 % de la vigencia futura prevista para 2025, pone en riesgo años de planeación técnica, social y financiera. El proyecto ya cuenta con más de 250 mesas de socialización, 16 consultas previas concluidas con éxito y un proceso avanzado de estructuración que podría verse comprometido si no se garantiza la financiación.
Las autoridades regionales advierten que la eventual paralización o desfinanciación del Canal del Dique impactaría directamente a más de 1,5 millones de habitantes en al menos 19 municipios del Caribe, afectando objetivos fundamentales como la mitigación de inundaciones, el control hídrico en épocas de sequía, la recuperación ambiental y el cumplimiento de compromisos internacionales en adaptación y resiliencia climática.
La Contraloría General de la República también ha alertado que detener el proyecto podría generar consecuencias ambientales, sociales y fiscales irreversibles para el país. En este contexto, la RAP Caribe y los gobiernos departamentales hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para abrir espacios de concertación y diálogo con la concesión, las comunidades y los órganos de control, con el fin de garantizar la continuidad integral de la obra.
“El Canal del Dique no es solo un proyecto de infraestructura; es una garantía de vida, desarrollo y seguridad para el Caribe colombiano”, señalaron las autoridades regionales, insistiendo en la necesidad de respetar los compromisos adquiridos y salvaguardar el futuro ambiental y social de la región.
