En una visita oficial a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), la canciller colombiana Yolanda Villavicencio enfatizó el respaldo de Colombia al tribunal y defendió su independencia frente a crecientes presiones internacionales. Con un discurso firme, Villavicencio destacó que “la defensa de su independencia es la defensa de la justicia internacional”.
Durante su intervención, la ministra agradeció al Estado sede —los Países Bajos— por mantener el funcionamiento del tribunal en un contexto donde el multilateralismo enfrenta retos globales. Subrayó que Colombia reafirma su compromiso con la justicia penal internacional, en especial cuando los sistemas nacionales no logran garantizar rendición de cuentas y protección de víctimas.
Villavicencio advirtió que la CPI atraviesa momentos críticos, con restricciones y presiones externas, por lo que instó a todos los Estados parte a renovar su compromiso con los valores de justicia, equidad y protección de los derechos humanos. En su opinión, este respaldo no es solo diplomático, sino un deber global.
Colombia, país con una historia marcada por conflicto armado y procesos de justicia transicional, se perfila nuevamente como actor activo en la justicia internacional. Su respaldo visible a la CPI puede fortalecer la participación latinoamericana en tribunales globales y garantizar que víctimas de crímenes graves encuentren una vía de justicia, más allá de las fronteras nacionales.
El compromiso de Bogotá incluye cooperación técnica y judicial, así como una postura clara ante el Derecho Internacional Humanitario. De este modo, el país busca aportar al fortalecimiento del orden internacional basado en la ley, la justicia y los derechos humanos.
El discurso de Villavicencio se produce en un momento de crecientes tensiones globales, en que los organismos internacionales enfrentan desafíos de legitimidad. Su llamado a la unidad internacional y la colaboración marca un paso diplomático significativo para Colombia, cuyo rol en la CPI podría definirse como protagonista en los próximos años.
Con esta declaración, Colombia envía un mensaje claro: el apoyo a la justicia internacional no es opcional, sino esencial para garantizar que las víctimas de crímenes atroces encuentren reparación, y para que prevalezcan la ley y la dignidad humana en el escenario global.
