En un nuevo paso hacia la cooperación internacional, el Gobierno de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) acordaron este mes una “nueva etapa” de trabajo conjunto, confirmando el compromiso de Bogotá con la justicia global y la rendición de cuentas.
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, intervino ante la CPI para reafirmar su independencia y dignidad institucional. Villavicencio aseguró que Colombia está dispuesta a facilitar información, colaborar con investigaciones y respaldar mecanismos internacionales contra crímenes graves.
Este acuerdo ofrece una hoja de ruta para intensificar la cooperación jurídica y judicial del país con la CPI, en un contexto en el que la complementariedad —el principio de que la Corte actúa solo cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren procesar crímenes internacionales— cobra particular relevancia.
Para Colombia, la cooperación con la CPI significa consolidar avances en justicia transicional, ampliar protección a víctimas y reforzar su compromiso con derechos humanos. Desde 2021 existe un acuerdo marco con el tribunal internacional, en el marco de compromisos asumidos bajo el Estatuto de Roma.
La decisión de Bogotá llega en medio de un reclamo global por acciones efectivas ante crímenes atroces, mientras la CPI busca ampliar su capacidad de respuesta y seguimiento internacional. Organismos internacionales y sociedad civil han planteado que la colaboración estatal fortalece la credibilidad del tribunal y permite que sean procesados casos complejos de violaciones graves a los derechos humanos.
Según el acuerdo, Colombia facilitará acceso a documentación, evidencias y cooperación operativa, con garantías de protección a testigos y víctimas. Por su parte, la CPI apoyará con asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas y acompañamiento en procesos judiciales nacionales.
Este acercamiento representa un gesto diplomático de peso, en un momento en que los sistemas de justicia internacionales enfrentan desafíos para mantener su autoridad. Colombia, con su historia de conflicto armado y procesos de paz, deja claro que apuesta por reintegrar la justicia internacional en su agenda de Estado.
Mientras tanto, el mundo espera que este compromiso se traduzca en hechos concretos: después de 2025, la colaboración con la CPI será una prueba de la voluntad de Colombia de enfrentar su pasado y contribuir a un sistema global de justicia más sólido.
